El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, que desafortunadamente en nuestro país se asocian casi exclusivamente a los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado terrorista durante la última dictadura militar.

Pero en nuestro último medio siglo de vida no sólo durante ese período se vulneraron impunemente los derechos de las personas, se siguieron quebrantando con el retorno de la democracia y se siguen transgrediendo hoy mismo bajo otras formas.

Ejemplo concreto de ello es el que se da por estos días y que constituye el blanco predilecto de crucifixión para algunos “comunicadores sociales” (los de siempre) y para gran parte de nuestra discordante sociedad: los niños.

“Hay que bajar la edad de imputabilidad para delitos graves”, declamó el gobernador Daniel Scioli, en una conferencia de prensa. “Yo hice referencia a la problemática de los menores porque una vez más nos encontramos ante un caso de menores reincidentes que llevan adelante delitos graves, disparando y vaciando un cargador de una pistola de calibre 45”, al referirse a los menores detenidos por el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea.

Pero ¿quién comete el delito más grave? ¿Los menores, a los que permanentemente se les vulneran sus derechos a una educación gratuita y obligatoria, que favorezca su cultura general y les permita, en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su sentido de responsabilidad moral y social; que se los priva de sus derechos a crecer y desarrollarse con buena salud; a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, que se les niega la protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación; o el Estado, que como lo ordena la Constitución Nacional debe proveerles estos beneficios y como contrapartida los ignora e incumple sistemáticamente?

¿Quién es más delincuente? ¿El que crea las condiciones para que un chico salga a infringir la ley por incumplimiento de sus obligaciones o el chico que, hambreado, sin educación, sin acceso a un sistema digno de salud y discriminado por una sociedad retrógrada se ve obligado a delinquir para poder subsistir en las peores condiciones de pobreza moral y material?

“La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia”, ordena el Principio 6° de la Convención sobre los Derechos del Niño que forma parte de la Constitución Nacional, pero para nuestras autoridades es más fácil echarle la culpa a un grupo de “negritos” marginales que asumir sus propios compromisos y para nuestra hipócrita sociedad si se pudiera aplicar la pena de muerte mejor, aunque su pequeña capacidad intelectual no le permita advertir que de persistir la inoperancia estatal y social ya están condenados a muerte.

Como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó la liberación de 60 menores, la jueza Carmen Argibay señaló que la decisión es en resguardo de los menores ya que teme que comiencen los “linchamientos”, pues “tenemos una sociedad esquizofrénica”. Cuánta verdad. Sería bueno que reflexionemos sobre quién comete el delito más grave y en base a ello abogar para que las leyes se puedan aplicar con el rigor que corresponde para castigar a quienes por omisión tienen la mayor responsabilidad penal. Ya es hora de dejar de purgar nuestras conciencias culpando a los más desvalidos y hacernos cargo de los deberes que como sociedad tenemos la obligación de asumir.